PCV, Lucha contra la corrupción exige cambios serios en
El presidente Chávez y sus partidarios en el Congreso de Venezuela han socavado la libertad de expresión mediante una serie de medidas destinadas a influir en el control y el contenido de los medios de comunicación del país. Han ampliado y endurecido las penas por delitos de expresión; han aplicado una ley de radiodifusión que permite la suspensión arbitraria de canales por un delito vagamente definido de “incitación”; han limitado el acceso del público a la información oficial; y han abusado del control gubernamental de las frecuencias de radiodifusión para castigar a las emisoras con una programación abiertamente crítica.
Tras nueve años en los que el país se ha polarizado entre partidarios y detractores de Chávez, Venezuela sigue disfrutando de un vibrante debate público en el que los medios de comunicación antigubernamentales y progubernamentales se manifiestan por igual en sus críticas y en su defensa de Chávez. Sin embargo, en sus esfuerzos por ganar terreno en esta “guerra mediática”, el gobierno ha emprendido acciones discriminatorias contra los medios de comunicación que emiten puntos de vista de la oposición, ha reforzado la capacidad del Estado para limitar la libertad de expresión y ha creado poderosos incentivos para que los críticos del gobierno se autocensuren. Si el gobierno decide utilizar los delitos de expresión ampliados y las disposiciones de incitación de forma más agresiva para sancionar la expresión pública, el debate político existente podría verse gravemente restringido.
Ramón Lobo garantiza nuevas piezas del cono monetario
El presente informe sobre la Aplicación de Leyes y Normas Internas de Política de Competencia en los Países del Hemisferio fue elaborado según lo indicado en el Acta de la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia. En esta sección del informe se analiza el caso de la experiencia venezolana. El informe fue elaborado, utilizando la metodología de la OCDE que fue aprobada por el Grupo de Trabajo y corresponde al plan señalado en el Anexo 3 de la mencionada Acta.
El cuerpo principal de este informe describe el desarrollo de los casos que han sido seleccionados como ejemplos relevantes de prácticas restrictivas y fusiones. También se examina el papel desempeñado por las autoridades de competencia en la formulación y aplicación de políticas públicas en otros ámbitos, y en otra sección se analizan las actividades internacionales y otros materiales, información e iniciativas utilizados para aplicar la política de competencia. Las tablas estadísticas aparecen en los anexos de este informe.
Para esta sección del informe se han seleccionado los casos más representativos de cada una de las prácticas identificadas en la Ley de Promoción y Protección de la Libre Competencia. A continuación se presentan los ámbitos en los que se produjeron estos casos y los datos en los que se basó el análisis para determinar que se había infringido la ley.
RÉGIMEN TEME ALZAMIENTO – PARTE 2
La capacidad del gobierno de Chávez para abordar los graves y antiguos problemas de derechos humanos de Venezuela se ha visto socavada por su actitud adversa hacia las organizaciones de la sociedad civil. Durante la presidencia de Chávez, los defensores de los derechos se han enfrentado a un acoso judicial, a acusaciones infundadas destinadas a desacreditar su trabajo y a esfuerzos por excluirlos de los foros internacionales y restringir su acceso a la financiación internacional.
El presidente Chávez y sus partidarios han tratado de justificar estas medidas argumentando que estas organizaciones de la sociedad civil, a pesar de su compromiso declarado con la defensa de los derechos humanos, persiguen en realidad una agenda política partidista destinada a desestabilizar el país y destituir al presidente Chávez. Para respaldar esta acusación, han citado el hecho de que algunos líderes de la sociedad civil han participado en actividades partidistas y algunas organizaciones no gubernamentales han recibido financiación de Estados Unidos.
Es perfectamente razonable que un gobierno investigue acusaciones creíbles de que personas u organizaciones han participado en actividades delictivas, siempre que las investigaciones se realicen con seriedad y con las debidas garantías procesales. También es razonable que los gobiernos regulen la financiación extranjera de los grupos de la sociedad civil para promover una mayor transparencia, siempre que esas regulaciones no interfieran en la capacidad de los grupos para ejercer los derechos fundamentales.
Principales titulares de hoy 28 de octubre
La industria de los hidrocarburos en Venezuela está completamente colapsada. Siete años de malos manejos y purgas políticas, el desmantelamiento de las estructuras gerenciales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y las desviaciones en la política empresarial de larga data implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro desde 2014 han minado el sector y desestabilizado la economía nacional.
El último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) muestra que Venezuela produjo sólo 527 mil barriles de petróleo por día en septiembre de 2021[1], lo que equivale a una caída de 2,49 millones de barriles por día, o una disminución del 82,9% en la capacidad de producción de petróleo en comparación con los niveles de 2013.
Este descenso no tiene precedentes en la historia de ningún país productor de petróleo que no haya sufrido un agotamiento de los yacimientos, una guerra o un conflicto armado interno. Si bien el sector petrolero también sufrió el colapso mundial de los precios del petróleo a partir de 2014, las políticas implementadas por el gobierno de Maduro han acelerado aún más el declive. Con la economía en ruinas y el nivel de vida colapsado, las condiciones actuales se hacen aún más sorprendentes dado que se certificó que Venezuela tenía las mayores reservas probadas de petróleo del mundo entre 2007-2011, situándose en 316.000 millones de barriles.Un desastre político provocado por el hombre