México unhrc
El Examen Periódico Universal (EPU) es uno de los instrumentos más importantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH). Basado en un calendario fijo y predecible, el proceso del EPU es una oportunidad para hacer un balance de la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la ONU. Suiza se sometió a su tercer EPU en noviembre de 2017. El cuarto examen de Suiza está previsto para enero de 2023.
Todos los Estados miembros de la ONU deben someterse al Examen Periódico Universal cada cuatro años y medio. Como parte del proceso de examen, los demás Estados miembros de la ONU analizan la situación de los derechos humanos de un país y formulan recomendaciones concretas para su mejora. El EPU se basa en el informe proporcionado por el Estado examinado, la información recopilada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la información proporcionada por la sociedad civil.
Tras el tercer ciclo del EPU (2017-21), el cuarto comenzará en octubre de 2022 y durará hasta enero de 2027. El EPU adopta la forma de un diálogo durante el cual los Estados miembros de la ONU formulan recomendaciones al Estado examinado, que a su vez puede comentarlas, aceptarlas o rechazarlas. Es responsabilidad del Estado examinado aplicar las recomendaciones que ha aceptado a nivel nacional.
Documentos orgánicos de la Ohchr
Una delegación de altos funcionarios del gobierno participó en el tercer Examen Periódico Universal de México, realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este año para 102 países miembros. México recibió unas 250 recomendaciones.
Las 14 instituciones mexicanas que participaron en el debate expusieron las medidas y estrategias puestas en marcha para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, al tiempo que reconocieron los retos existentes en este ámbito. El gobierno mexicano expresó su plena disposición y compromiso para atender adecuadamente la problemática actual a través de una mayor coordinación interinstitucional, mayores recursos financieros y humanos y una mayor armonización legislativa.
Los países participantes en la revisión reconocieron que la legislación mexicana ha tenido avances, principalmente en relación con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y los cambios legislativos realizados en materia de migración y refugio, entre otros.
Derechos humanos México
Durante su anterior examen del EPU en 2013, México aceptó recomendaciones para abordar una serie de problemas crónicos de derechos humanos. Esta presentación se centra en la aplicación por parte de México de las recomendaciones relacionadas con las prohibiciones de la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Estas violaciones siguen siendo un problema grave, y los autores rara vez son llevados ante la justicia. Desde 2003, México ha adoptado leyes sobre la tortura y las desapariciones que contienen disposiciones positivas. Sin embargo, estas leyes no se han aplicado plenamente. Siguen faltando estadísticas fiables y completas sobre la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Durante el EPU de 2013, México aceptó recomendaciones para garantizar una investigación adecuada de las denuncias de tortura y el enjuiciamiento y castigo efectivo de los autores. México también aceptó adecuar sus leyes a su obligación internacional de prevenir y castigar la tortura, y establecer un sistema de registro de denuncias de tortura y malos tratos.
Informes de países del Iccpr
Sin embargo, en nuestra presentación conjunta del EPU con el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), documentamos que desde su última revisión México no ha implementado 25 de las 26 recomendaciones que recibió relacionadas con el espacio cívico, la mayoría de las cuales se referían a la eficacia del Mecanismo de Protección para los defensores de los derechos humanos. Si bien se han hecho algunos avances en la implementación de este mecanismo, es preocupante el insuficiente énfasis en la prevención y el descuido de las investigaciones, lo que se traduce en la persistencia de las violaciones a los derechos humanos de los defensores y en la impunidad de los crímenes cometidos contra ellos. Recientemente, el activista indígena Samir Flores fue asesinado para silenciar su lucha contra la construcción de un gasoducto y una central eléctrica de gas, el Proyecto Integral Morelos (PIM).
Como se detalla en nuestra presentación, México también sigue siendo el país más mortífero del mundo para los periodistas, que son amenazados y agredidos físicamente de forma rutinaria. Quienes expresan críticas a los poderosos en la radio, la televisión, la prensa o los medios digitales corren los mismos riesgos que los defensores de los derechos humanos y a menudo se ven obligados a autocensurarse.